Divorciarse será más rápido que casarse


La nueva ley del divorcio permitirá ahorrar al menos 1.000 euros por ruptura 

El divorcio podrá lograrse en 10 días cuando se incorporen a la reforma legal los juicios rápidos; a partir de entonces, la ruptura será más rápida que la boda, que requiere 4 meses

El Gobierno quiere agilizar el divorcio para, entre otras cosas, reducir la violencia doméstica

La custodia compartida, una reivindicación de los ‘padres de Canaletes’ desde hace 20 años

IGNACIO DE OROVIO | CRISTINA SEN - 18/09/2004

Madrid. – La combinación entre la nueva ley del divorcio, cuya tramitación inició ayer el Gobierno, y la futura puesta en marcha de los juicios rápidos civiles, permitirá deshacer en sólo diez días aquello que, con todos los astros de la burocracia a favor, requiere de un periodo mínimo de unos cuatro meses para formalizarse: el casamiento. De este modo, el divorcio se podrá obtener en un plazo mucho menor del que cuesta llegar al juzgado o la alcaldía para unirse en matrimonio. Con la nueva ley, divorciarse será más rápido, se podrá compartir la custodia de los hijos –una permanente fuente de conflictos– y la ruptura costará como mínimo 1.000 euros menos en abogados y procuradores.

El Consejo de Ministros aprobó ayer el informe con el que arranca la modificación del Código Civil en materia de separación y divorcio. Ese texto estará vigente, según las previsiones del Gobierno, en el 2005, y supondrá una importante reducción de costes de los procesos de disolución matrimonial: alrededor de 1.000 euros menos en caso de divorcio por las buenas y un ahorro superior a 1.700 en caso de que se haga sin acuerdo.

La reforma del Gobierno pretende, entre otras cosas, suprimir una de las fuentes añadidas de conflicto en estos procesos, dolorosos de por sí. La ley actual, aprobada en 1981, obliga a alegar y probar motivos para divorciarse; es decir, a llevar al terreno jurídico lo que, en puridad, son sentimientos. Entre las causas del divorcio figuran ahora el alcoholismo, las toxicomanías, la infidelidad, las conductas injuriosas, la perturbación mental o la violación de los deberes conyugales. Ahora, bastará con querer divorciarse. Así, y como subrayó ayer la vicepresidenta primera y portavoz del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, dos de cada tres casos de violencia doméstica se producen con una demanda de separación o divorcio de por medio, de modo que la reforma de la ley del divorcio puede suponer un descenso de los casos de agresiones o violencia doméstica. Lo contrario opina la conferencia episcopal, que ayer vaticinó en un comunicado más “sufrimiento” y la reducción del matrimonio a un “contrato entre particulares”. El PP considera que la ley debe reformarse, pero advierte, en palabras de su diputada Ana Torme, que lo que ha planteado el Gobierno es un “parche”.

En todo caso, el nuevo divorcio podrá llegar a demorarse sólo unos diez días. Eso ocurrirá cuando la disolución conyugal sea pactada y una vez funcione la disposición adicional 5 de la ley Civil, un apéndice jurídico que no es otra cosa que la aplicación de los juicios rápidos a lo civil. Se activará en grandes ciudades en los próximos meses. Para el actual divorcio es necesario que haya transcurrido un año desde la boda (plazo que se reduce ahora a tres meses) y otro desde la demanda de separación. Después, el asunto queda engullido por la maquinaria judicial, con lo que todo el proceso puede durar “unos cinco o seis años”, calcula el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar.

Pero para casarse es necesario, según una concejal de un municipio barcelonés con experiencia en este ámbito, al menos cuatro meses de trámites. El primer paso se da en el registro civil o en el juzgado de paz con diversa documentación (certificados de nacimiento o viudedad, DNI...) y a los dos meses aproximadamente se cita al interesado con dos testigos que acrediten la inexistencia de incompatibilidades (que los cónyuges no son hermanos o no están casados con terceros...). El expediente recibe la autorización de la fiscalía y, unos dos meses más tarde, el juzgado o la alcaldía dan hora para el enlace.

En la nueva ley, el juez tendrá que ponderar, para imponer un régimen económico, el grado de dedicación a la familia de cada una de las partes. El juez valorará, explicó el ministro a este diario, si una mujer no ha trabajado para cuidar de la familia y la separación le supone una situación de ruina económica.

La inclusión de la figura de la custodia compartida ha suscitado una fuerte polémica entre los sectores sociales al ponerse en cuestión el bienestar del menor. La nueva ley del divorcio elaborada por el Gobierno del PSOE establece que, en el caso de que así lo decidan los padres, la custodia será compartida. Si no hay acuerdo, será el juez quien dictamine esa custodia, aunque antes tendrá que intentar que los progenitores lleguen a acuerdos utilizando para ello la figura de los mediadores. También se incluye en este anteproyecto la obligación del juez de escuchar la opinión de menor siempre y cuando éste sea mayor de doce años.

La figura de la custodia compartida, pese a la polémica suscitada, no es nueva en otros países. Es el caso de Estados Unidos, Canadá o Suecia. O el más reciente de Francia, que en el año 2002 incluyó la figura de la “coparentalidad”, en términos muy similares a los incluidos en el anteproyecto de ley del divorcio aprobado ayer.

“Un año después de aprobarse esta ley en Francia, el porcentaje de divorcios ha descendido un 16%, así como la conflictividad, ya que la coparentalidad obliga a pactar”, explica Matías Mata, presidente de la Asociación de Padres y Madres de Canaletes, agrupación catalana pionera en la reivindicación de la custodia compartida.

Esta asociación lleva reivindicación la custodia compartida desde 1981, año en que se aprobó la ley del divorcio actual, al considerar que la disolución de una pareja no implica que uno de los padres (en el 95% de los casos los varones) tenga que verse obligado a perder su relación con su hijo.

Mata se muestra “esperanzado” ante el anteproyecto del ley aprobado ayer, al considerar que la custodia compartida “es el método preferible para los niños” en caso de divorcio o separación. Según el presidente de esta asociación, uno de los escasos padres que consiguieron la custodia compartida al separarse,en 1986, este método “desdramatiza las separaciones y divorcios para bien de los niños”. En cuanto a los problemas que pueda suponer para los pequeños cambiar de residencia durante determinados días o meses al año, Mata señala que “los niños se adaptan a todo. A lo que no se acostumbran es a perder a su padre o a su madre”. 

Diez mil rupturas más cada año

 

En el 2003, según datos del Gobierno, hubo 126.742 separaciones o divorcios, lo que supone unas 11.000 más que el año anterior. En aquel ejercicio, el incremento fue casi idéntico. Desde 1999, las rupturas conyugales han crecido en más de 30.000, pese a un ligero descenso en el año 2000. También crecenen las bodas, que fueron 210.155 en el 2003. En los dos últimos años hubo mil uniones más respecto al anterior ejercicio.

 

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