El juicio a Estevill arranca con dos acusados de papel menor que aceptan penas mínimas

Las cuestiones previas dieron inicio ayer al juicio contra el ex magistrado Luis Pascual Estevill por soborno y prevaricación.

Los defensores de Piqué y Vives cuestionan la presencia de algunas acusaciones populares y particulares en el juicio

 

SANTIAGO TARÍN - 07/09/2004
Barcelona

El juicio contra el ex magistrado Luis Pascual Estevill y el abogado Joan Piqué Vidal se inició ayer en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya con la presentación de las cuestiones previas y la práctica conformidad de dos acusados, con un papel menor en el asunto, con las penas que se les exigen. Los letrados de Piqué y Vives hicieron hincapié en la falta de legitimidad de algunas de las acusaciones personadas en la causa.

El asunto ha sido largo: ocho años desde que se inició hasta el comienzo de la vista. En el banquillo se sientan un ex magistado y ex vocal del Consejo General del Poder Judicial, Luis Pascual, un conocido abogado, Joan Piqué, y diversos empresarios y letrados. El tema de fondo es discernir si el magistrado cobró, de acuerdo con el abogado, dinero por modificar la situación personal de imputados en diversas causas.

En realidad, el centro del debate ya no se halla en Pascual Estevill, sino en Piqué Vidal. Esto es así porque en el mes de junio del año pasado, el ex juez remitió una carta al magistrado instructor de la causa donde reconocía los hechos e implicaba en ellos al abogado, cosa que éste negó. De hecho, siempre ha mantenido no tener implicación en los sobornos.

Está previsto que el juicio se prolongue durante dos meses y que por el estrado desfilen más de ochenta testigos. No será sólo la vista contra los que se sientan en el banquillo, sino el repaso a un capítulo de la historia judicial de Barcelona, el de los grandes escándalos económicos de los años noventa y el de determinadas actuaciones procesales no vistas en la ciudad hasta aquel momento. Así, a lo largo de estos dos meses se repasarán asuntos como la falsificación de identidades para camuflar inversiones o el caso Macosa. Tras estos asuntos, Luis Pascual fue propuesto por CiU como vocal al Consejo General del Poder Judicial.

Por el momento, la vista se inició con la conformidad con la pena que se le exigía de uno de los imputados –Rogelio Roca– y la práctica conformidad de otro, José Manuel Prades; ambos con papeles secundarios.

El defensor de Pascual Estevill no presentó ninguna cuestión previa al inicio de la vista, pero no así el de Piqué Vidal. Sus principales objeciones fueron dirigidas a las acusaciones populares, a las que negó legitimación, porque habían tenido un papel importante en uno de los asuntos, hasta el punto de, según este argumento, pagar para evitar la cárcel. Así, el razonamiento estima que no se puede acusar por un delito en el que se ha tenido implicación.

Tesis similar sostuvo el defensor de otro imputado, Juan Vives, sólo perseguido por las acusaciones particulares y populares, pues el fiscal no solicita pena para él. Además, este letrado añadió otra consideración: para su patrocinado, el asunto ha prescrito.

Prescripción también fue el término utilizado por el defensor de dos hijas de Luis Pascual Estevill. Ninguna de ellas está acusada en el asunto –otro hijo, sí–, pero recibieron el regalo de un piso cada una por parte de su padre. El abogado esgrimió que ni civilmente ni penalmente se puede perseguir este asunto, porque se ha cumplido el plazo legal para ello.

El juicio se reanudará mañana con las alegaciones a las cuestiones previas y está previsto que los testimonios se inicien el lunes, 13. Quien abrirá el turno será el ex juez Luis Pascual Estevill.

Deudas y ayudas

Las dos personas que aceptaron ayer su participación en los hechos tuvieron un papel tangencial respecto al núcleo de la causa, motivo por el cual las penas que se solicitaban no eran importantes.

El joyero Rogelio Roca Salamanca, que no estuvo presente en el tribunal, solicitó a su amigo Luis Pascual Estevill que intercediera por una deuda que tenía con un banco. Según la calificación fiscal, el ex juez “amedrentó” a dos empresarios para que financiaran el préstamo. Por eso ha aceptado 1.800 euros de multa por amenazas condicionales y seis meses de prisión y 22.525 euros de multa por un delito de cohecho.

En cuanto a José Manuel Prades Sorli, el fiscal le imputa ayudar a Pascual a camuflar sus bienes cuando era investigado. El acusado acepta un año de cárcel, aunque su letrado ha solicitado una rebaja sobre la petición fiscal.

 

La Vanguardia, 7 de Septiembre de 2004

 

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