El Govern multa con 600
euros a un empresario por no rotular en catalán
La multa obedece a un expediente que se abrió en enero del 2003 a raíz de la denuncia presentada por un particular
Bargalló resta importancia a
la sanción y recuerda que las leyes están para cumplirlas; el empresario dice
que recurrirá
LA
VANGUARDIA - 12/02/2004
Barcelona. (Redacción y agencias.) – Un empresario del ramo de la construcción
ha sido multado con 600 euros por no poner los rótulos en catalán y tener la
documentación destinada al público de su empresa exclusivamente en castellano.
La sanción viene impuesta por la anterior Conselleria de Treball, Indústria,
Comerç i Turisme, y el expediente sancionador se inició, en enero de 2003, a
instancias de la denuncia de un consumidor, dijo un portavoz del Departament de
Comerç, Turisme i Consum.
La sanción responde, según la Conselleria de Comerç, Turisme i Consum, a la
vulneración, por parte del empresario, de la Ley de Disciplina de Mercado y
Defensa de los Consumidores y Usuarios (1990). Sin embargo, en la resolución a
la que ha tenido acceso Europa Press se señala que también se ha vulnerado el
apartado “d” del artículo 8.1 de la ley de Política Lingüística (1998), que
recoge que “la señalización de los carteles de información general de carácter
fijo y los documentos de oferta de servicios para las personas usuarias y
consumidores de los establecimientos abiertos al público han de ser redactados,
al menos, en catalán”,
Pese a que la resolución, que concluye que la multa que se impone al empresario
es de 600 euros, está firmada por el ex secretario general de Consum, ésta se
ha conocido dos días después de que el conseller de Ensenyament y también
responsable de la Política Lingüística anunciara que el Govern se propone hacer
cumplir dicha ley y, por tanto, en caso de que sea necesario, aplicar las
sanciones que se prevén para que sea acatada. El conseller Bargalló restó
importancia a la sanción y recordó que “la ley está para cumplirla”.
El expediente sancionador ha seguido un largo camino de inspecciones y recursos
hasta llegar a la resolución final que, según el representante legal del
empresario, será recurrida “por absurda e ilógica”.
No es la primera vez que se multa por el mismo motivo, algo a lo que se refirió
ayer Bargalló al señalar que “no es un tema de una o dos sanciones, sino de
políticas lingüísticas”, e insistió en que “las sanciones no son fundamentales
ni herramientas principales, sino consecuencia de un proceso al que no tenemos
miedo de llegar”.
Desde CiU se consideró que el expediente y la sanción eran una “actuación
normal” de la antigua Conselleria de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, cuyo
titular era Antoni Fernández Teixidó y cuyo director general era Josep Tous.
Aun así, desde CiU se recordó que el Gobierno de Pujol siempre apostó por la
pedagogía y la negociación y sólo se optó por la vía administrativa “ante la
contumacia” de algunos casos.
Desde la organización Convivencia Cívica Catalana, su presidente, Francisco
Caja, calificó esta sanción de “gravísima aberración contra la libertad
democrática”, pese a los argumentos legales en los que se basa la resolución. A
juicio de Caja, “la locura nacionalista envenena la mente de los gobernantes” e
incluso comparó la obligación de rotular en catalán a la época franquista y se
mostró dispuesto a prestar todo el apoyo jurídico que precise el empresario
multado.
La Vanguardia 12 de febrero de 2004