Entre insolventes y acreedores


La Ley Concursal entra en vigor el uno de septiembre y cierra la renovación legal mercantil

Ya no oiremos hablar más de suspensiones de pagos o quiebras, en cambio, hablaremos mucho de “concursos”

La responsabilidad civil de los administradores se verá agravada sustancialmente

Jordi Goula - 04/07/2004

Desde que España se incorporó a la entonces llamada Comunidad Económica Europea en 1986, los textos legales mercantiles han sufrido una intensa y extensa mutación, adáptandose tanto a los nuevos tiempos, como a las directivas que emanaban desde Bruselas. Sólo uno de los apartados básicos había resistido la reforma hasta hoy: el referido a suspensiones de pagos y quiebras. Se trata de una disciplina anclada en disposiciones decimonónicas que ha merecido durante muchos años la crítica más acérrima de profesionales y juristas, por el anacronismo que su pervivencia suponía en nuestro entramado legal. La nueva Ley Concursal que se aprobó el pasado año y que entra en vigor el próximo primero de septiembre, pues, tiene una importancia vital, no sólo para el ámbito jurídico, sino para el mejor funcionamiento de la actividad económica y mercantil de nuestro país.

Los cambios que acarrea llamarán la atención a primera vista por la eliminación y aparición simultánea de muchas nociones y conceptos (ver recuadro) vigentes hasta hoy. Sólo son el epitelio de una reforma en profundidad que reclamaba esta importante faceta mercantil. A partir de septiembre hablaremos sobre todo de Concurso, nadie oirá hablar ya nunca más de suspensiones de pagos o quiebras, por ejemplo. “El Derecho Concursal regula la situación en que una pluralidad de acreedores quiere cobrar de un deudor en insolvencia y trata de preservar el funcionamiento de la empresa, para mantener puestos de trabajo y la riqueza del país. Hay que evitar que se mate al enfermo y tratar de que no cobre sólo el más influyente o informado”, explica Ramón Morral, profesor titular de Derecho Mercantil de la UAB y director de la Jornada sobre la nueva Ley Concursal que organiza el Centre d'Economia Industrial (Cambra, Indústria y UAB) el próximo día 8 en la Llotja de Mar.

¿Cuáles son las novedades más importantes de la Ley? La primera que destacar es la unificación de instituciones concursales. Desaparecen los diferentes procesos que regían hasta hoy, según se fuera o no empresario (deudor mercantil o civil). Empresarios y particulares, pues, cuando haya insolvencia estarán en concurso bajo una sola ley. Para Ignacio Arroyo, catedrático de Derecho Mercantil de la UAB, se habla de unidad legal, “porque habrá una sola ley”; de unidad de disciplina, “porque no hay separación entre los deudores civiles o mercantiles” y de unidad de sistema, “porque hay un solo procedimiento concursal”. “Este procedimiento, dice, tiene una fase común a cualquier situación, luego se abre y puede optar por convenio si hay acuerdo o por liquidación, si no lo hay”.

Otra gran novedad está en la creación de los juzgados de lo mercantil (ver recuadro) por Ley Orgánica que modifica la Ley del Poder Judicial. “Estarán, en principio en las capitales de provincia y al frente de los mismos habrá jueces especializados, nombrados tras concurso. Creo que es un avance”, dice Morral. Para Arroyo, “este juez es muy relevante, porque adquiere un gran protagonismo personal, al concedérsele muchas facultades, como entender de lo laboral, por ejemplo, en los casos en que se vean afectados contratos de trabajo. También tendrá facultades cuasipenales, al poder imponer sanciones si considera culpable el concurso. Va a tener un gran poder, diría casi que el mundo económico estará en sus manos”.

La responsabilidad civil de los administradores de la empresa, que ya era importante tras las Leyes de Sociedades Anónimas y Limitadas queda muy agravada con la Ley Concursal. “Ahora se pueden embargar los bienes de los administradores y de los que han tenido este cargo dos años antes, como medida cautelar en garantía de las deudas, si la masa activa en la fase de liquidación resultara insuficiente, siempre que el concurso sea considerado culpable –caso de manipulación de la contabilidad, por ejemplo–. Indudablemente, parece muy riguroso”, apunta Morral. Por su parte, Arroyo apunta otra novedad, ésta sobre la ejecución de las garantías reales contra bienes del deudor. “Éstas, dice, se paralizan temporalmente, mientras se negocia el convenio o se aprueba la liquidación y con el límite de un año desde la declaraciuón del concurso. En definitiva, se trata de una espera temporal inferior a los doce meses”.

En cambio, el juez verá recortada su discrecionalidad en un apartado: el de las retroacciones. Hasta ahora, el juez podía determinar un período retroactivo al inicio del proceso durante el cual todos los actos de disposición de bienes que realizara el deudor eran nulos de pleno derecho. Es el llamado período sospechoso. ¿Y si alguna transacción, como una venta era positiva para los acreedores? “Siempre acababa como nula de pleno derecho, incluso si llegaba al Supremo. Ahora, será nula sólo si es perjudicial para los acreedores y también desaparecerá la discrecionalidad del juez, fijándose el periodo en dos años”, dice Morral.

Nueva ley, nuevas palabras

En la nueva ley Concursal hay expresiones que cambian. Por ejemplo, desaparecen conceptos como la quiebra y la suspensión de pagos y, en su lugar, aparece el concurso. Pero hay otras que son nuevas y, por razones obvias, no tienen equivalencia en la legislación que quedará derogada. El profesor Ramón Morral cita algunos de los principales conceptos a los que deberemos irnos acostumbrando:

Concurso
Sustituye a toda una serie de procedimientos relacionados con la insolvencia de las personas, ya sea el deudor persona natural o jurídica (empresario). Hasta ahora el procedimiento de “Quita y Espera” se aplicaba a los no empresarios y era el paralelo a la Suspensión de pagos de los empresarios. Y el “Concurso de Acreedores” se aplicaba solamente a los no empresarios y correspondía a la Quiebra de los empresarios

Administración concursal
Es un órgano necesario del Concurso y tiene por misión auxiliar al juez durante todo el procedimiento concursal. Hasta la entrada en vigor de la nueva Ley los órganos que intervenían en los procedimientos eran los “Interventores” en la Suspensión de pagos y los “Síndicos, Comisarios y Depositarios”, en la Quiebra. El órgano colegiado mixto estará compuesto por tres administradores, nombrados por el juez. Se trata de dos profesionales independientes, un abogado y un auditor de cuentas, sea economista o titular mercantil y un acreedor.

Concurso fortuito o culpable
Desaparece la Quiebra (en sus tres acepciones actuales de fortuita, culpable o fraudulenta) y se instituye el Concurso, que podrá ser, únicamente, Fortuito o Culpable

Juzgados de lo mercantil
Irrumpen en el orden jurisdiccional asumiedo gran parte de las competencias que todavía hoy corresponden a los Juzgados de Primera Instancia. Asumen diversas materias en el ámbito mercantil y, desde luego, todas en el ámbito concursal.

Registro resoluciones concursales

La inscripción de resoluciones dictadas en los procedimientos concursales previstas en la Ley, se practicará en este registro de nueva creación. Con ello no se excluye la inscripción en otros registros, cuando sea procedente, como el Registro Mercantil o el Civil u otros de naturaleza administrativa. Está previsto su próximo desarrollo reglamentario.

Arancel
Nuevo sistema de retribución que corresponde a los miembros del órgano de administración concursal. El Juez fija la cuantía de la retribución limitado por los márgenes del arancel, cuyo desarrollo reglamentario está previsto.

Créditos subordinados
Nueva categoría de créditos creada por la Ley. Son los que merecen quedar postergados tras los ordinarios. Corresponde a los créditos comunicados tardíamente, a los así considerados por pacto contractual o a los créditos por multas, entre otros.

Convenio anticipado
Posibilidad que reconoce la Ley expresamente al deudor de anticipar una propuesta de convenio durante la fase común del procedimiento concursal y, por tanto, sin esperar a la llamada "fase de convenio". Ha de permitir una notoria economía de tiempo y de gastos.

 

La Vanguardia, 4 de julio de 2004

 

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