Inquietud empresarial ante el poder de los jueces en la nueva ley concursal


Los magistrados podrán embargar a los empresarios preventivamente

 

Las patronales catalanas tienen cierta inquietud ante la inminente entrada en vigor, el próximo miércoles, de la nueva ley concursal. La normativa ha dado mayor poder a los nuevos jueces de lo mercantil, que podrán embargar preventivamente los bienes de los empresarios y directivos si observa indicios de culpabilidad en su gestión. 

 

Será considerado falta grave el incumplimiento del deber del administrador de solicitar la declaración del concurso

LALO AGUSTINA - 27/08/2004
Barcelona


La entrada en vigor de la nueva ley concursal, que deroga la vetusta legislación anterior sobre quiebras y suspensiones de pagos, despierta no poca inquietud entre los empresarios. La nueva norma, que comenzará a aplicarse el próximo 1 de septiembre, establece, por ejemplo, que el juez puede embargar preventivamente los bienes de los empresarios y directivos de una empresa si observa indicios de administración culpable.

Bastará que haya alguna “irregularidad relevante para la comprensión de la situación patrimonial o una inexactitud grave” en los documentos aportados en la solicitud del concurso para que éste sea considerado doloso. La culpabilidad se sobreentiende, además, “cuando el deudor o sus representantes legales hubieran incumplido el deber de solicitar la declaración de concurso”. Es decir, que si un acreedor insta el concurso de una empresa y se demuestra su insolvencia, en principio el juez presumirá la culpabilidad de los administradores y podrá decretar el embargo de su patrimonio para cubrir las deudas.

El legislador entiende que los directivos de una empresa no pueden desconocer su situación de insolvencia y que, si esto ocurre, deben pagar por ello.

Para Josep González, presidente de la patronal Pimec-Sefes, se trata de la ley concursal más dura de Europa: “Muchos empresarios pueden creer haber actuado correctamente y un error de un subordinado puede suponer el embargo de todos sus bienes”. La clave, según González, es cómo se aplique la nueva ley, pero “el hecho de depender del criterio subjetivo del juez provoca una inseguridad no demasiado bienvenida para los empresarios”.

Joaquín Trigo, director de Fomento del Trabajo, opina que “es muy difícil determinar cuándo un error es culpable; es evidente que el juez tendrá ahora un poder tremendo y sólo nos queda confiar en que habrá responsabilidad y sensatez por su parte”.

Una de las novedades que introduce la ley es que los recién creados juzgados de lo mercantil sustituirán a los juzgados de primera instancia en la tramitación de estos procedimientos. Se han creado cuatro juzgados en Barcelona y uno en cada una de las otras tres capitales de provincia catalanas. A priori, este cambio redundará en una mayor profesionalidad de los jueces y evitará decisiones extemporáneas fruto del desconocimiento.

Los trabajadores, por su parte, también tienen motivos de inquietud, ya que no podrán acudir a los juzgados de lo social, más sensibilizados con ellos, sino que se verán sometidos, en primera instancia, a los nuevos juzgados de lo mercantil. 

ANTES Y AHORA

Adiós a las suspensiones de pagos y quiebras

SUSPENSIONES Y QUIEBRAS. La legislación vigente hasta el 31 de agosto contempla que, en situaciones de crisis, las empresas podían solicitar la declaración de quiebra o suspender pagos. Las personas físicas, por su parte, podían acogerse al concurso o a la quita y espera cuando eran incapaces de afrontar sus obligaciones frente a terceros.

TODOS LOS JUZGADOS. Cualquier juzgado de primera instancia podía tramitar una quiebra o suspensión. El juez nombraba un comisario y depositario para las quiebras y tres interventores judiciales en el caso de las suspensiones de pagos.

CONCLUSIÓN. La suspensión de pagos concluía con la aprobación del convenio y la consecuente continuidad de la empresa o la liquidación. Las quiebras suponían el fin de la empresa.

FUERTES QUITAS. Los convenios permitidos hasta ahora no estaban limitados por la ley. Los acreedores tenían la facultad de aprobar las tremendas quitas y esperas que les proponían y considerasen convenientes.

EMPLEADOS PRIMERO. Los acreedores más favorecidos eran los trabajadores, las administraciones públicas y la banca con garantía. Los acreedores comunes casi siempre se quedaban sin cobrar.

 

Llegan los concursos de acreedores

 

UNIFICACIÓN DE LAS INSOLVENCIAS. La ley de 9 de julio del 2003 unifica todos los supuestos de insolvencia personales y empresariales en el concurso de acreedores. Queda derogada toda la legislación anterior: la ley de suspensión de pagos de 1922, los códigos de comercio de 1829 y 1885 y la ley de enjuiciamiento civil de 1881.

JUZGADO MERCANTIL. Los concursos de acreedores serán competencia exclusiva de los juzgados de lo mercantil. El juez nombrará tres administradores concursales que podrán incluso hacerse cargo de la empresa y apartar a los gerentes.

SALIDAS DIVERSAS. Los nuevos concursos de acreedores pueden desembocar en la aprobación del convenio de continuidad o en la liquidación de los bienes del deudor.

LIMITAR EL CONVENIO. La nueva ley establece limitaciones al contenido del convenio. Las quitas no superarán el 50% de los créditos y las esperas no irán más allá de cinco años. Se prohíbe el convenio de liquidación.

FIN DE LAS PRIORIDADES. Se limitan los privilegios de Hacienda, S. Social y banca y se activan mecanismos de responsabilidad de empresarios y ejecutivos: pueden verse embargados si el juez estima su gestión culpable.

 

 

La Vanguardia, 27 de agosto de 2004

 

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