Jueces y abogados reclaman la especialización y la extensión de los juzgados de Familia a toda España

ABC

La regulación de las separaciones de las parejas de hecho y la creación de una nueva jurisdicción familiar son las principales peticiones al Ministerio de Justicia

MADRID. «No todos los ciudadanos pueden acceder a un juzgado de Familia. Sólo las ciudades con alta conflictividad los tienen». Ésta ha sido una de las frases más repetidas por jueces y abogados en unas jornadas en las que se han reunido en Madrid para debatir acerca de los fallos judiciales en el ámbito familiar. Y el diagnóstico es inexistencia de un orden jurisdiccional familiar, falta de especialización y lentitud en la resolución de procesos.

Jueces y abogados han puesto voz a las que, entienden, son las principales demandas de la familia en nuestro país. «No tiene sentido que haya órganos judiciales especializados en atender las crisis en las empresas y no los haya para regular mejor las crisis en el seno de las familias», recalca José Luis Utrera, titular del Juzgado de Familia de Málaga.

Divorcios cada cuatro minutos

Y, a tenor del último informe publicado por el Instituto de Política Familiar (IPF), las cifras parecen reclamar que se adecúe la legislación a una nueva realidad social en España. Este informe aportaba el novedoso dato de que en España se produce un divorcio cada cuatro minutos. Además, decía el estudio, de la cifra de 200.000 nuevos enlaces matrimoniales contraidos anualmente, un 52 por ciento no superará los diez años de vida.

Sin embargo, hoy sólo 58 ciudades españolas disponen de un juzgado de Familia que se encargue específicamente de resolver los contenciosos familiares surgidos entre los residentes en tales ciudades. El resto de los españoles no tiene acceso a estos órganos y debe conformarse con que su proceso se lleve por otras vías. Desde la Asociación Española de Abogados de Familia (Aeafa), su presidente, Luis Zarraluqui, señala a ABC que «se necesita una respuesta de calidad judicial para todos los ciudadanos inmersos en un proceso de ámbito familiar, y esa respuesta no radica tanto en la modificación de la actual Ley de Enjuiciamiento Civil \ sino en modificar los puntos conflictivos de ésta».

Uno de los principales fallos de la LEC, según jueces y abogados, consiste en la no regulación de las separaciones de hecho. En opinión de Begoña Acha, letrada en el País Vasco, «es necesario suplir esta carencia porque es algo muy presente en el sentir social». Una opinión refrendada por los expertos en Derecho de Familia consultados, puesto que procesalmente no existe un procedimiento específico para abordar las crisis de las parejas de hecho, homosexuales o heterosexuales, de manera que, según Utrera, «la nueva realidad social está discriminada e ignorada» desde el punto de vista judicial. A esta discriminación contribuye también que en sus más de dos años de vigencia, la LEC se ha visto obligada a convivir con once leyes de uniones de hecho diferentes (presentes en once Comunidades Autónomas, como Canarias, Cataluña o el País Vasco), de manera que han surgido conflictos entre las competencias de los textos autonómicos y el estatal.

La segunda de las carencias de la ley civil reside en la falta de especialización en la instrucción de los procesos familiares. Jueces y abogados reclamaron, en este sentido, que la extensión de los juzgados de Familia a toda España recabaría también la disposición de los medios auxiliares y equipos psicosociales necesarios para la orientación idónea de las parejas. Para Zarraluqui, «la eficacia de los puntos de encuentro ha quedado suficientemente comprobada», de manera que una de las soluciones al panorama actual pasa por asesorarse por un especialista como medida preventiva. Esto es, se trata de cambiar corrección por prevención del problema.

Falta de medios

Otro gran obstáculo es la falta de medios para que las separaciones se resuelvan en los juzgados con celeridad. Ante la aprobación de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), por la que entrarán en vigor los juicios rápidos para acometer el gran aumento de separaciones matrimoniales, los expertos destacaron que con «una dotación de medios suficientes, la actual normativa serviría para dar una respuesta rápida y de calidad» sin necesidad de aplicar los juicios rápidos.

ABC 29 de noviembre de 2003

 

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