Los jueces también obligan a saber catalán a los funcionarios baleares de más de 50 años

JOANA MARIA ROQUE - 05/02/2004

PALMA DE MALLORCA. – El Tribunal de Justicia de Baleares ha suspendido el decreto del Govern balear que eximía del conocimiento del catalán a los funcionarios mayores de 50 años que quisieran participar en concursos de trasladados o acceder a plazas de mayor categoría. El recurso fue presentado por CC.OO. y en él se distinguía claramente entre el derecho a mantener la plaza en su día obtenida por oposición y el acceso a nuevos puestos de trabajo. También en un informe del Consell Consultiu del propio Govern Balear se advertía de que la norma podía ser discriminatoria respecto a otros funcionarios de menor edad y se daba por supuesto que en el margen de los 50 años es posible ampliar conocimientos que en su momento no fueron requisito imprescindible para acceder a las plazas que se tienen en propiedad.

El Govern balear justificó el decreto con jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre discriminaciones positivas por razones de edad. El acceso a la función pública es uno de los ejes de la polémica entre la Conselleria de Cultura del Govern Balear, los partidos de la oposición (incluyendo a Unió Mallorquina, socio de gobierno del Partido Popular) y diversas entidades culturales, sociales o ciudadanas. Alrededor de 300 se reunirán hoy para elaborar un manifiesto conjunto ante las últimas medidas anunciadas por el Govern Balear entre las que se encuentran que los padres puedan elegir la lengua vehicular para el aprendizaje de la lectura y escritura; que terminada la ESO se obtenga automáticamente el nivel C de catalán, útil para presentarse a oposiciones, o que los criterios para el reconocimiento de las modalidades propias de la lengua correspondan al Institut d’Estudis Balearics, con lo cual, la Universidad perdería autoridad normativa.

El tema también ha sido presentado en el Parlamento Balear, en una moción del PSM que pedía retirar las medidas anunciadas por el Govern. Finalmente no se aprobó debido a la ausencia momentánea de la consellera de Cultura de Unió Mallorquina Dolça Mulet, lo que otorgó mayoría suficiente al PP. Las nuevas medidas no han sido expuestas por escrito en ningún decreto, norma ni comunicado de prensa.

La Vanguardia 5 de febrero de 2004

 

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