Una norma para la reinserción


El Gobierno aprueba el reglamento que desarrolla la ley del Menor 

Potenciar la reinserción, garantizar los deberes y derechos del menor y mejorar la seguridad en los centros de internamiento son los ejes principales de la normativa

La nueva normativa prevé la mediación, algo que no tiene cabida para los mayores de edad

SANTIAGO TARÍN - 31/07/2004
Barcelona


El Consejo de Ministros aprobó en su sesión de ayer, la última antes de las vacaciones de verano, el reglamento que desarrolla la ley reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, mediante el que se persigue mejorar la seguridad y convivencia en los centros de internamiento y buscar nuevos mecanismos para la reinserción.

El Ministerio de Justicia señaló ayer que este reglamento es fruto del consenso, principalmente con las comunidades autónomas, y que han sido recogidas la mayor parte de sus demandas. De hecho, existe el compromiso de evaluar en conjunto su aplicación cuando haya transcurrido un año desde que entre en vigor. También han participado en su elaboración la Fiscalía General del Estado, el Consejo General del Poder Judicial, la Agencia de Protección de Datos y el Consejo de Estado.

Decía un político español del siglo XX que las Cortes hicieran las leyes, que él haría los reglamentos. Su importancia estriba en que en ellos se lleva a la práctica la filosofía expuesta por la legislación. De esta forma, en este en concreto, se hace hincapié en que la rehabilitación social del menor es el principal objetivo de la ley, incluso en la ejecución de la medida, momento en el cual los profesionales o instituciones que tengan que ver con este asunto habrán de tener en cuenta “el superior interés del menor de edad sobre cualquier otro interés concurrente”.

La reinserción es prioridad y para ello se arbitra desde la posibilidad de prestar trabajos para la comunidad a la mediación penal, algo que, en la legislación para mayores de edad, no está previsto. De esta forma, se consiguen sustanciales reducciones mediante el acuerdo y resarcimiento de la víctima. En caso de que no sea posible la mediación, queda a discreción del fiscal y el equipo técnico la posibilidad de prestar servicios en beneficio de la comunidad o la realización de tareas socioeducativas.

La policía judicial queda a cargo de la investigación de los delitos perpetrados por los menores que entran en el ámbito de la ley, cuyas edades van de los 14 a los 18 años, aunque siempre bajo la dirección de la Fiscalía.

Otro de los ejes de la normativa es encauzar la vida ordinaria en los centros de internamiento, de tal forma que exista en ellos unos modelos de convivencia que permitan la aplicación de los programas individualizados de tratamiento o intervención educativa, pudiendo al mismo tiempo garantizarse la seguridad y custodia de los que habiten allí.

El reglamento estipula que hay que asegurar la igualdad de trato para todos los menores, estando también previsto un internamiento terapéutico o ambulatorio para aquellos que sufran problemas psicológicos, discapacidades o toxicomanías.

La norma aprobada ayer por el Consejo de Ministros es también un catálogo de deberes y derechos, de tal suerte que se regula la asistencia escolar, formativa, sanitaria y religiosa del menor, así como las comunicaciones telefónicas o escritas. Asimismo, se define lo que se entiende por una falta muy grave, grave o leve. Entre las primeras se considera agredir, coacciones, evadirse o participar en motines, entre otras; son graves insultar, inutilizar dependencias o no regresar al centro; y se tienen como leves faltar al respeto, causar daños o incumplir las normas del centro. Cada infracción lleva aparejada una sanción

 

Deberes y derechos

 

LA DETENCIÓN. El arresto de un menor deberá llevarse a cabo de la forma que menos le perjudique y es obligación informarle, en forma que lo entienda, de lo que ocurre. Se le debe garantizar alimento y vestido y siempre declarará delante de abogado

PROTECCIÓN DE DATOS. El reglamento hace especial hincapié en la protección de los datos referidos al menor. Su expediente es secreto y no puede ser consultado por personas ajenas a su proceso, como tampoco podrá ser utilizado cuando sea mayor de edad si se ve envuelto en algún problema legal

EQUIPOS TÉCNICOS.
Se dispone la creación de equipos técnicos para asistir al menor desde el primer momento y mediar con las víctimas. Estarán compuestos por psicólogos, educadores y trabajadores sociales y dependerán del Ministerio de Justicia o de las comunidades autónomas, estando adscritos a los juzgados de menores

MEDIDAS Y CONDENAS. La administración desginará un profesional que se responsabilizará de la medida impuesta judicialmente al menor. En la libertad vigilada y en cumplimiento debe elaborarse un programa individualizado para el menor, que ha de ser aprobado por el juez de menores

INFORMES. La administración está obligada a remitir al juez un informe detallado de la evolución del menor durante la medida que se le ha impuesto. La periodicidad de dicha información depende de la condena impuesta, y va desde cada 25 horas, en caso de trabajos para la comunidad, a trimestrales, en medidas más largas

CUMPLIMIENTO. En los centros de internamiento, el menor, por regla general, tendrá derecho a una habitación individual, a vestir su propia ropa, a asistencia médica y a estar con sus hijos menores de tres años, siempre que lo autorice el juez y no entrañe riesgo para el pequeño. También se definen las faltas muy graves, graves o leves, que tienen sanciones como separación del grupo o anulación de salidas. También se limita el uso de la fuerza

 

La Vanguardia, 31 de julio de 2004

 

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