Los Veinticinco pactan retener datos básicos de llamadas y e-mails entre seis y 24 meses

 

El acuerdo, por mayoría, pone fin a largosmeses de debate sobre seguridad y libertades

 

Los gobiernos de laUEobligarán a las telecos a retener los datos de identidad, localización y duraciónde los contactos telefónicos y por la red. Acaba así, salvo veto parlamentario, un largo debate sobre seguridad y libertades.

 

BRUSELAS. – Los ministros de Interior y Justicia de los Veinticinco alcanzaron ayer un acuerdo para retener entre seis y 24 meses determinados datos básicos de las comunicaciones telefónicas y vía internet que puedan ofrecer pistas en investigaciones sobre atentados terroristas y crímenes de la delincuencia organizada. La medida no afecta en ningún caso a los contenidos de las comunicaciones,

pero sí a la identidad de las personas implicadas en mensajes, al tipo y el canal de los contactos, a la duración de los mismos, así como a los números de teléfono, direcciones de correo, numeraciones de protocolos de internet e identificaciones de usuario. El acuerdo se adoptó por mayoría cualificada –con la oposición de Irlanda, Eslovaquia y Eslovenia– y, aunque aún está pendiente de la luz verde de la Eurocámara, fuentes del Consejo de la UE se mostraron confiadas en dicho asentimiento. El pacto alcanzado por los titulares de Interior pone fin a año y medio de discusiones en el seno de la UE. Los temores expresados por algunos grupos políticos respecto a una posible invasión de la privacidad, las quejas de las compañías por los costes que habrían de afrontar para sufragar los cambios técnicos que requiere retener los datos, así como la insistencia de la Comisión Europea, a través del comisario de Justicia, Franco Frattini, y el Europarlamento en la necesidad de encauzar la medida a través de un procedimiento en el que ambas instituciones tuvieran voz –lo cual lograron– centraron las discusiones. El acuerdo incluye los datos relativos a las llamadas perdidas en los casos en que las operadoras los almacenen. El ministro Juan Fernando López Aguilar había insistido en este punto, con alusión explícita a la importancia que dichos datos tuvieron en las investigaciones del 11-M. En cuanto a los costes, que la Comisión y el Parlamento pretendían hacer pagar a los estados en forma de subvención a las compañías, España y otros socios partidarios de ir lo más lejos posible en esta directiva consiguieron que la norma europea no prevea ayuda alguna de los estados a la industria. De este modo, la decisión de otorgar o no subvenciones quedará en manos de cada país. Los planes sobre conservación de datos de las telecomunicaciones eran el punto más controvertido del amplio paquete de medidas legislativas

acordado por los Veinticinco tras la masacre de Madrid, medidas que venían a reforzar las adoptadas a raíz de los atentados del 11-S. Irlanda, que ya cuenta con una ley que obliga a retener cuatro años ese tipo de informaciones, expresó su temor de que el acuerdo de ayer le suponga un retroceso, según la

agencia Ap. Londres hubo de renunciar a su pretensión de fijar un plazo de conservación de datos de dos años. Los países nórdicos fueron los que más presionaron para restringir el alcance de la directiva.

 

La Vanguardia , 3 de diciembre de 2005

 

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